El PP de Boadilla exige la paralización de la Ley Celaá por su falta de acuerdo con la comunidad educativa

El Grupo Municipal Popular de Boadilla del Monte presentará en el Pleno del próximo 20 de noviembre una moción solicitando la paralización de la tramitación de la Ley Celaá para que "la comunidad educativa pueda participar en su diseño a través de las comparecencias de representantes de las familias, los profesionales y el Consejo Escolar".

Entre otros aspectos, la moción rechaza la eliminación del castellano como lengua vehicular de la enseñanza, como cesión a ERC a cambio de su apoyo a la Ley de Presupuestos 2021; así como las medidas encaminadas a impedir que las familias con menores con discapacidad puedan escolarizar a sus hijos en centros de educación especial.

En lo relativo al castellano, el PP pide que el Gobierno "vele por la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, de sus derechos lingüísticos y, en particular, de recibir enseñanza en castellano como lengua vehicular".

Respecto a los centros de educación especial, se reclama la retirada de la Disposición Adicional Cuarta de la LOMLOE para garantizar que los centros específicos de educación especial puedan seguir escolarizando a los alumnos de todos los perfiles educativos que actualmente reciben.

Por último, se exige al Ejecutivo de Sánchez a que amplíe hasta final de curso, y no sólo hasta diciembre, la dotación económica asignada a la Comunidad de Madrid para financiar la contratación de docentes, y los materiales y medidas de prevención necesarios para seguir protegiendo los centros escolares del coronavirus.

Falta de pluralidad y participación de la comunidad educativa

La moción critica duramente "el modo acelerado y la falta de pluralidad" con los que está siendo tramitada la Ley Celaá: "Es la primera vez en la democracia que la tramitación de una ley de educación no permite la participación de la comunidad educativa. Tal es su voluntad de aprobarla sin el consenso de ésta, que el pasado 15 de octubre PSOE y Podemos votaron en contra de que la sociedad civil compareciera en la Comisión de Educación. Con ello, el Gobierno de Sánchez e Iglesias da un paso más hacia el autoritarismo, amordazando a la comunidad educativa ".

En la misma línea se inscribe el rechazo a las 156 enmiendas presentadas por el PP así como a la opinión de numerosas comunidades autónomas: "No se puede imponer una nueva contrarreforma educativa que no tenga en cuenta la realidad plural de la educación en España y la opinión de comunidades autónomas tan importantes como Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León o Murcia.", explica el texto.