Política
APB: "El Tribunal de Cuentas ordena por 7ª vez al Ayuntamiento de Boadilla que cumpla una orden de la sala de justicia".
18 de Julio de 2008. 09:52
- Nota de Prensa APB Boadilla
El viceinterventor municipal vuelve a contestar al Tribunal de Cuentas que no puede certificar cuánto pagó el Ayuntamiento de Boadilla por unos complementos ilegales.
Increíble pero cierto aunque no tan increíble si decimos que éso ha manifestado por escrito el Viceinterventor del municipio madrileño de Boadilla del Monte al Tribunal de Cuentas, gobernado por el Partido Popular.
El viceinterventor municipal vuelve a contestar al Tribunal de Cuentas que no puede certificar cuánto pagó el Ayuntamiento de Boadilla por unos complementos ilegales.
Increíble pero cierto aunque no tan increíble si decimos que éso ha manifestado por escrito el Viceinterventor del municipio madrileño de Boadilla del Monte al Tribunal de Cuentas, gobernado por el Partido Popular.
Desde el año 2.003 lleva el Tribunal de Cuentas intentando que el Ayuntamiento de Boadilla cumpla un requerimiento judicial, que se acordó dentro del conocido proceso CASO PAGAS EXTRAS proceso que el Tribunal mantiene abierto contra el Alcalde del municipio madrileño, Arturo González Panero, que es miembro del Comité Ejecutivo Regional del PP.
Pero parece ser que la paciencia del Tribunal de Cuentas ha llegado al límite, después de que en una primera y arbitraria sentencia, Javier Medina Guijarro, Consejero afín al PP, absolviera al Alcalde popular, por no poder determinar el importe del daño producido a los fondos del Ayuntamiento de Boadilla. Sorprendente actuación de un Juez de lo contable que dice que no puede contabilizar.
Y la paciencia se terminó el 15-7-2008, Auto por el que la Sala de Justicia del más Alto tribunal contable del país, ha ordenado por SÉPTIMA VEZ que la Intervención del Ayuntamiento de Boadilla certifique los importes ilegales abonados por el municipio madrileño a todos sus funcionarios, en los meses de junio y diciembre de los años 1.998, 1999 y 2.000, prueba que ya solicitó el Tribunal hasta en fase de instrucción y que el Alcalde evitó con la ayuda de la Intervención, andadura que ha llegado a su fin.
El descontrol del gasto público en el Ayuntamiento madrileño lo sitúa al borde de colapso pues son múltiples los procesos judiciales que acumula, estando muchos de ellos incluso sin ejecutar, pese a haber transcurrido más de 2 años de las sentencias firmes. La Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló multitud de artículos del Acuerdo de Funcionarios de 2.004 y todavía ni se ha cumplido la sentencia ni se ha devuelto cantidad económica alguna al Ayuntamiento manifestó Angel Galindo, Concejal de APB.
En el proceso, la acusación solicitó, ante la negativa del Ayuntamiento a cumplir la sexta orden, que se desplazara una Comisión judicial del Tribunal de Cuentas al Ayuntamiento para que procediera a cuantificar con su personal el perjuicio producido por estos pagos ilegales, actuación que el Tribunal ha descartado por el momento.
También solicitó el procesamiento del popular Panero por la desobediencia reiterada al Tribunal, actuación que el Tribunal ha dejado en manos del Ministerio Fiscal por ser parte personada en el procedimiento.
El Ministerio Público también se ha adherido a la petición de la acusación para que la Intervención Municipal certifique los importes pagados, actuación del Interventor que el Fiscal también califica de sorprendente que no puede determinarse y que superan ya los 700.000 mil euros.
Para APB, lo más grave de este caso es que sean los controles estatales los que no funcionen y sirvan de coartada al político respectivo, como ha ocurrido con los Secretarios y técnicos de Ayuntamientos como Marbella, Totana, Andratx, Estepona, etc, muchos en prisión.
Panero lleva muchos años sin control y Esperanza Aguirre no ha hecho nada pese a estar informada puntualmente de todo, incluso por gente del PP de Boadilla. Si los controles estatales funcionaran en Boadilla, estas ilegalidades no se cometerían. Lo denunciaremos ante el Ministerio de Administraciones Públicas manifestó el Portavoz de Alternativa por Boadilla, Angel Galindo.
Increíble pero cierto aunque no tan increíble si decimos que éso ha manifestado por escrito el Viceinterventor del municipio madrileño de Boadilla del Monte al Tribunal de Cuentas, gobernado por el Partido Popular.
Desde el año 2.003 lleva el Tribunal de Cuentas intentando que el Ayuntamiento de Boadilla cumpla un requerimiento judicial, que se acordó dentro del conocido proceso CASO PAGAS EXTRAS proceso que el Tribunal mantiene abierto contra el Alcalde del municipio madrileño, Arturo González Panero, que es miembro del Comité Ejecutivo Regional del PP.
Pero parece ser que la paciencia del Tribunal de Cuentas ha llegado al límite, después de que en una primera y arbitraria sentencia, Javier Medina Guijarro, Consejero afín al PP, absolviera al Alcalde popular, por no poder determinar el importe del daño producido a los fondos del Ayuntamiento de Boadilla. Sorprendente actuación de un Juez de lo contable que dice que no puede contabilizar.
Y la paciencia se terminó el 15-7-2008, Auto por el que la Sala de Justicia del más Alto tribunal contable del país, ha ordenado por SÉPTIMA VEZ que la Intervención del Ayuntamiento de Boadilla certifique los importes ilegales abonados por el municipio madrileño a todos sus funcionarios, en los meses de junio y diciembre de los años 1.998, 1999 y 2.000, prueba que ya solicitó el Tribunal hasta en fase de instrucción y que el Alcalde evitó con la ayuda de la Intervención, andadura que ha llegado a su fin.
El descontrol del gasto público en el Ayuntamiento madrileño lo sitúa al borde de colapso pues son múltiples los procesos judiciales que acumula, estando muchos de ellos incluso sin ejecutar, pese a haber transcurrido más de 2 años de las sentencias firmes. La Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló multitud de artículos del Acuerdo de Funcionarios de 2.004 y todavía ni se ha cumplido la sentencia ni se ha devuelto cantidad económica alguna al Ayuntamiento manifestó Angel Galindo, Concejal de APB.
En el proceso, la acusación solicitó, ante la negativa del Ayuntamiento a cumplir la sexta orden, que se desplazara una Comisión judicial del Tribunal de Cuentas al Ayuntamiento para que procediera a cuantificar con su personal el perjuicio producido por estos pagos ilegales, actuación que el Tribunal ha descartado por el momento.
También solicitó el procesamiento del popular Panero por la desobediencia reiterada al Tribunal, actuación que el Tribunal ha dejado en manos del Ministerio Fiscal por ser parte personada en el procedimiento.
El Ministerio Público también se ha adherido a la petición de la acusación para que la Intervención Municipal certifique los importes pagados, actuación del Interventor que el Fiscal también califica de sorprendente que no puede determinarse y que superan ya los 700.000 mil euros.
Para APB, lo más grave de este caso es que sean los controles estatales los que no funcionen y sirvan de coartada al político respectivo, como ha ocurrido con los Secretarios y técnicos de Ayuntamientos como Marbella, Totana, Andratx, Estepona, etc, muchos en prisión.
Panero lleva muchos años sin control y Esperanza Aguirre no ha hecho nada pese a estar informada puntualmente de todo, incluso por gente del PP de Boadilla. Si los controles estatales funcionaran en Boadilla, estas ilegalidades no se cometerían. Lo denunciaremos ante el Ministerio de Administraciones Públicas manifestó el Portavoz de Alternativa por Boadilla, Angel Galindo.
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