APB: "El Tribunal Supremo condena al Ayuntamiento de Boadilla por actos ilegales del alcalde popular Panero".

Es la décimo primera sentencia dictada en otro caso de violación de derechos fundamentales de los grupos de oposición en el municipio de Boadilla del Monte, gobernado por el Popular Arturo Panero.

Es la décimo primera sentencia dictada en otro caso de violación de derechos fundamentales de los grupos de oposición en el municipio de Boadilla del Monte, gobernado por el Popular Arturo Panero.

La sentencia notificada el 27-11- 2007, reconoce la vulneración de los derechos fundamentales de otro grupo de la oposición, -el Grupo Mixto- así como de los derechos fundamentales de la Concejal del Partido Popular, el año 2.002.

Los máximos órganos judiciales de la Comunidad de Madrid y del Estado vienen confirmando estas actuaciones ilegales y antidemocráticas del popular Panero, que en este caso, no sólo incumple la Constitución sino que incumple el propio Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Boadilla, como advierte la sentencia, aprobado en su mandato.

El Tribunal Supremo reconoce que el Popular Panero vulneró los derechos fundamentales de los Concejales recurrentes del Grupo Mixto, Galindo y Samos, al integrar en el citado Grupo político a la Concejal del PP, María Paz Etchenique Calvo, en contra de la voluntad de los miembros del Grupo Mixto y de la propia Concejal del PP, que fue avalada por el Pleno.

La actuación ilegal del Alcalde vulneró los derechos fundamentales de los Concejales recurrentes reconocidos, tanto en el artículo 23 de la Constitución, como en el artículo 66 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, que impiden que el Alcalde modifique la composición de los Grupos Políticos, pues la decisión de composición de los Grupos corresponde exclusivamente adoptarla a los Concejales que los integran.

"Es impresentable que tras la multitud de ilegalidades y sentencias, un Alcalde procesado y amortizado como Panero, continúe al frente de un Ayuntamiento preferente para el PP, como es el de Boadilla. Es una irresponsabilidad del PP y de la propia Esperanza Aguirre mantenerlo. Deberían cesarlo de inmediato, pues razones políticas y jurídicas tienen." manifestó Ángel Galindo, Portavoz de APB.

Además, estas actuaciones del Alcalde están perjudicando seriamente la imagen de la institución y la de los fondos públicos, pues estas ilegalidades están costando al Ayuntamiento mucho dinero en su reparación. En algún caso, han supuesto que el Ayuntamiento de Boadilla haya tenido que pagar más de 300.000 euros a Concejales afectados. En el año 2.001 se vulneraron los derechos fundamentales del PSOE, lo que costó la anulación judicial del Plan General de Ordenación Urbana y que el Ayuntamiento gastara sumas millonarias para reparar dichas ilegalidades.

El abogado funcionario que hay en la plantilla del Ayuntamiento, ni siquiera contestó a la demanda planteada en este caso.