Política

APB: El TSJM declara ilegal el Ayuntamiento de Boadilla y obliga a destinarlo a colegio. Otro edificio de viviendas construido sobre terreno escolar deberá ser demolido

21 de Febrero de 2011. 10:25 - Nota de Prensa APB Boadilla
twitter facebook whastapp

Compartir:

La Sala del TSJM de Madrid ha declarado ilegales 2 edificios construidos sobre una parcela de terreno escolar que fueron denunciados en el año 2000 por 5 vecinos del municipio, 3 Concejales del Ayuntamiento (Antonio Samos, Ángel Galindo y Ángel Arijón), al amparo de la Acción Pública en defensa de la legalidad urbanística.
La Sala del TSJM de Madrid ha declarado ilegales 2 edificios construidos sobre una parcela de terreno escolar que fueron denunciados en el año 2000 por 5 vecinos del municipio, 3 Concejales del Ayuntamiento (Antonio Samos, Ángel Galindo y Ángel Arijón), al amparo de la Acción Pública en defensa de la legalidad urbanística.

Tras 11 años de espera, la Justicia declara la ilegalidad de las 2 construcciones levantadas sobre terreno escolar, siendo una de ellas el propio Ayuntamiento de Boadilla.

Los hechos se remontan al año 1998 y 2000 cuando el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla autorizó, primero, la construcción de un edificio de 20 viviendas y oficinas sobre una parcela reservada por el Plan General a uso escolar y sobre el resto de esa misma parcela, en el 2000 autorizó levantar otro edificio, el Nuevo Ayuntamiento de Boadilla.

Los denunciantes advirtieron a los responsables políticos de la ilegalidad de las construcciones antes de iniciar el procedimiento judicial, en escritos presentados ante el propio Pleno del Ayuntamiento y el PP hizo caso omiso.

Ambas construcciones ilegales fueron autorizadas por el PP, siendo concedida la licencia para construir el nuevo Ayuntamiento de Boadilla en el año 2000 por el entonces alcalde Arturo González Panero. Este edificio sito en la calle José Antonio del municipio es uno de los Ayuntamientos más conocidos de España por haber sido visitado en muchas ocasiones por agentes de la UDEF por orden de los jueces del caso Gürtel.

En estas fechas, ambos regidores del PP aprobaron la construcción de las 2 edificaciones ilegales sobre terreno escolar público cedido al Ministerio de Educación en el año 1982 para la ampliación del colegio Príncipe D. Felipe. Entre los integrantes del Equipo de Gobierno que aprobaron las licencias se encontraban Nieves Fernández Crespo, Arturo González Panero, Juan Siguero Aguilar, José Galeote Rodríguez, José María de la Mata Arranz, cuyos problemas judiciales vienen derivados de sus actuaciones como responsables políticos en el Ayuntamiento de Boadilla.

La sentencia, dictada por unanimidad de los 6 magistrados y contra la que no cabe recurso, se fundamenta en 2 informes técnicos periciales del Colegio de Arquitectos emitidos por la Junta del Colegio en funciones de auxilio judicial (llamados Informes de Academia, pericial de máxima cualificación técnica) y otro de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, donde se advertía de la ilegalidad de las obras, y pese a ello permitieron seguir con la construcción de los edificios, vulnerando el propio Plan General.

La sentencia, que los independientes califican de acertada y muy proporcionada, permite mantener en pie el edificio del Ayuntamiento destinándolo a uso escolar público, es decir, el Ayuntamiento debe ser destinado a Colegio y ordena demoler las viviendas ilegales y las oficinas.

"Desde APB se va a exigir la responsabilidad patrimonial a los cargos políticos y técnicos que permitieron estas construcciones ilegales. No vamos a permitir que paguen los platos rotos los vecinos afectados por la sentencia, que compraron de buena fe sus casas, ni tampoco los demás vecinos del municipio, que son también víctimas de este desgobierno de corrupción que ha traído el PP a Boadilla" manifiesta Ángel Galindo, concejal Portavoz de APB.

Alternativa por Boadilla se compromete públicamente a ayudar a todos los vecinos afectados por la sentencia de demolición de sus viviendas, para que sean indemnizados en todos y cada uno de los daños y perjuicios económicos que sufran, que se estiman en torno a unos 15 millones de euros (20 viviendas y 10 oficinas).

Igualmente iniciará el procedimiento legal correspondiente para exigir la responsabilidad patrimonial de autoridades y funcionarios que hayan intervenido en el citado expediente, cuya demolición obligan los Jueces.

chat Comentarios
suscribirse

ó seleciona tus intereses

Los datos facilitados se utilizan para la prestación del servicio, igualmente serán añadidos al fichero informatizado responsabilidad de infomunicipios. No cederemos tus datos personales a terceros. Más información en Aviso Legal.
plan Planes entre vecinos
lluvia Días de lluvia
tablón Tablón inmobiliario

¡Suscríbete a nuestra newsletter para estar al día de todo!

logo