APB manifiesta su disconformidad con la Sentencia del Juzgado Nº 5. Continuará defendiendo los intereses de los vecinos y estudia recurrirla.

6 de Febrero de 2009. 09:38 - Nota de Prensa APB Boadilla

Tras la sentencia del Juzgado nº 5 de Madrid dictada en el recurso contencioso interpuesto contra el Acuerdo de Pleno de 28-10-2005, por el que se adjudicó por concurso de una parcela municipal por parte del Ayuntamiento a la empresa UFC, el Concejal Portavoz de APB, Angel Galindo, ha hecho una valoración negativa de los fundamentos de la sentencia, que se concretan en los siguientes:

1º.- El Pliego de condiciones aprobado por el Ayuntamiento exigía que la empresa adjudicataria tuviera una organización de medios materiales y personales propios para la debida ejecución del contrato. La empresa adjudicataria no tenía trabajadores, por lo que ningún medio personal tenía en el momento de la adjudicación. El único documento público que emitió la Seguridad Social acreditaba, sin duda alguna, que la empresa no tenía trabajadores y, por tanto, ningún medio personal.

2º.- La empresa que se presentó al concurso fue UFC, y no un grupo empresarial ni una UTE. El certificado emitido por la Seguridad Social acredita este hecho.

3º.- El plazo de ejecución fue determinante en la adjudicación (12 meses) y dicho plazo de ejecución se ha incumplido finalmente. La sentencia argumenta que no hay prueba que acredite que dicho plazo no es técnicamente viable porque los técnicos lo han informado favorablemente. La sentencia parece desconocer que desde el 26-7-2006 (fecha de la licencia -se adjudicó el 28-10-2005) han transcurrido 30 meses, por lo que no es necesario probar lo que acredita la realidad, que 140 viviendas y más de 300 plazas de garaje no se hacen en 12 meses puesto que se han necesitado casi 30 meses, pese a lo informado por los técnicos.

4º.- Otras empresas ofertaron mayor plazo de ejecución y más de 4.000.000 más por la misma parcela y no resultaron adjudicatarias por lo que el municipio dejó de ingresar varios millones de euros por el citado bien, perteneciente a todos los vecinos.

5º.- La sentencia resalta que el incumplimiento a posteriori del plazo de ejecución por el adjudicatario, de haberse producido, debe instarse en otro proceso independiente para la resolución del contrato. En este aspecto estamos de acuerdo con S.Sª, en aplicación estricta del Pliego de condiciones.

6º.- APB defiende intereses públicos y el patrimonio municipal de sus vecinos, discrepando en muchos casos de las sentencias judiciales dentro de los límites constitucionalmente permitidos y que son combatidas mediante los recursos que proceden con absoluto respeto, como es el caso.

7º.- APB y su Portavoz Ángel Galindo Álvarez niegan cualquier actuación en beneficio y provecho de D. Carlos Parra Cuenca o empresa vinculada a este arquitecto aludido por el Ayuntamiento de Boadilla, participante en el concurso denunciado.

8º.- APB y su Portavoz Ángel Galindo seguirán cumpliendo con la obligación y el mandato de denunciar todo aquello que le parezca perjudicial para los intereses de los vecinos de Boadilla, con independencia de que sean votantes de esta formación política.

9º.- APB ha iniciado 5 nuevas acciones judiciales durante el mes de diciembre, contra la adjudicación de 4 contratos a abogado externo (tenemos 2 abogados-funcionarios en plantilla, sin coste alguno).

El gasto de más de 150.000 que dice el Alcalde que provocan estas denuncias, los puede ahorrar perfectamente y destinarlo a gastos sociales porque tenemos abogados en plantilla, que son funcionarios y sin coste para los vecinos ya que cobran su nómina. No entiendo por qué adjudica a los mismos abogados externos siempre manifestó Angel Galindo.

APB también ha denunciado judicialmente la concesión municipal de terrenos públicos a una empresa privada por 99 años, cuando otra empresa ofertó un canon muy superior que supondría un ingreso superior en 12 millones de respecto de la oferta adjudicada, denuncia a la que se ha sumado recientemente el PSOE.