El PP rechaza la propuesta de UPyD para suprimir el Impuesto de Plusvalía a las viviendas que se enajenen

El índice de precios de la vivienda actual es el mismo que el de aquellos momentos, por lo que la mayoría de las viviendas que se compraron con fecha posterior al mencionado Diciembre de 2003 y se enajenen por cualquier causa (venta, embargo, dación en pago, donación, herencia, etc…) tendrán un valor de venta inferior al de compra.

El índice de precios de la vivienda actual es el mismo que el de aquellos momentos, por lo que la mayoría de las viviendas que se compraron con fecha posterior al mencionado Diciembre de 2003 y se enajenen por cualquier causa (venta, embargo, dación en pago, donación, herencia, etc…) tendrán un valor de venta inferior al de compra.

El impuesto de Plusvalía (IIVTNU) se define como aquel que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Como en este caso ese incremento no existe, sino al contrario, la justificación de su cobro, en razón de su naturaleza, no se ajusta a la realidad por lo que debe procederse a su anulación en todos los casos en que se den estas circunstancias y mientras la situación no se revierta.

Según Gudelio Oliver, El Impuesto de Plusvalía grava el beneficio obtenido por la venta de la vivienda (terreno) y al no haberlo, no es de justicia su cobro.

Desde un punto de vista técnico esta acción es posible puesto que su devengo es potestativo del Ayuntamiento y su regulación depende de una Ordenanza Municipal que puede ser modificada, sin más, ni requiere permisos de instancias superiores.

En las actuales circunstancias nadie quiere vender una vivienda que ha comprado más cara. Si lo hace, casi siempre, es porque se ve obligado a ello o porque lo pierde. En cualquier caso, cobrar un impuesto por un beneficio que no existe es inmoral y está en nuestras manos corregirlo.

Por poner un ejemplo real: Una vivienda en Viñas Viejas, comprada en 2007 por 560.000€, ha tenido que venderse por 310.000€ y el Ayuntamiento le reclama un Impuesto de Plusvalía de 5.950€.

Una propuesta tan clara, razonada y de justicia, fue rechazada por el Grupo Popular sin justificación comprensible y con el solo argumento de su mayoría absoluta. El Grupo Socialista apoyó plenamente la propuesta, mientras que APB se abstuvo amparado en un críptico razonamiento técnico que nadie alcanzó a entender.