El PSOE pide al Alcalde que reclame los 600.000€ que la Comunidad debería pagar de las BESCAM

En el año 2005 el Ayuntamiento de Boadilla y la Comunidad de Madrid firmaron un convenio de colaboración para dotar de 30 agentes de Policía Municipal de las Brigadas de Seguridad Ciudadana (BESCAM) por un periodo de 15 años en los que la Comunidad de Madrid se comprometía a todos los gastos incluidos vehículos, uniformes, sueldos, gasolina, etc, de estos agentes. En la aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid la partida para estos convenios ha sido reducida al 50% unilateralmente.

En el año 2005 el Ayuntamiento de Boadilla y la Comunidad de Madrid firmaron un convenio de colaboración para dotar de 30 agentes de Policía Municipal de las Brigadas de Seguridad Ciudadana (BESCAM) por un periodo de 15 años en los que la Comunidad de Madrid se comprometía a todos los gastos incluidos vehículos, uniformes, sueldos, gasolina, etc, de estos agentes.

La sorpresa ha sido mayúscula cuando en la aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid la partida para estos convenios la han reducido al 50% unilateralmente, y declaraciones posteriores han confirmado las sospechas de que la Comunidad de Madrid este año solo pretende pagar la mitad de las cuantías de las subvenciones firmadas; en el caso de Boadilla la cuantía que dejarían de pagar será de 600.000€.

Muchos alcaldes de Madrid de todos los partidos (PP, PSOE, IU) están reclamando el cumplimiento de los convenios y amenazado con acudir a los tribunales a defender los derechos de sus ciudadanos. Pero en nuestro caso no solo no es así y nuestro Alcalde no lo está haciendo, sino lo que es más grave, al ser Diputado Regional, ha votado a favor de que a los ciudadanos de Boadilla nos quiten 600.000€.

El PSOE de Boadilla le pedimos al Alcalde que reflexione y en ver de pensar en su carrera política defienda primero los derechos de los ciudadanos de nuestra ciudad. Para ello va a presentar a través de su Grupo Municipal una moción al Pleno del Ayuntamiento para que toda la Corporación reclame el cumplimiento del convenio y el total de los 1,2 millones de euros que debería abonarnos la Comunidad de Madrid, primero políticamente y si no es efectivo, judicialmente.