El TSJ de Madrid cita a declarar a dos empleados de la EMSV de Boadilla

El juez Antonio Pedreira ha citado a declarar a Miguel González Martín y a Isabel Fernández Chacón de Lucas, empleados de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla, para preguntarles acerca del caso Gürtel. Por éste ya han sido imputados: Alfonso Bosch, exgerente de la EMSV, Tomás Martín Morales, exvicepresidente y José Galeote, exconsejero de la misma. La citación está prevista para mañana jueves 18, y ha sido solicitada por el magistrado a petición de la fiscalía Anticorrupción.

El juez Antonio Pedreira ha citado a declarar a Miguel González Martín y a Isabel Fernández Chacón de Lucas, empleados de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla, para preguntarles acerca del caso Gürtel. Por éste ya han sido imputados: Alfonso Bosch, exgerente de la EMSV, Tomás Martín Morales, exvicepresidente y José Galeote, exconsejero de la misma. La citación está prevista para mañana jueves 18, y ha sido solicitada por el magistrado a petición de la fiscalía Anticorrupción.

En el auto de Garzón, se relaciona la EMSV de Boadilla con la adjudicación irregular de varios terrenos y locales a empresas de la trama de Correa: "Alfonso BOSCH TEJEDOR desde su posición en la EMSV de Boadilla del Monte tuvo un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Francisco CORREA ha realizado en dicho municipio, y como éste último reconoce en las intervenciones telefónicas él se encuentra detrás de todo el tinglado de Boadilla refiriéndose a las actuaciones de naturaleza urbanística denunciadas en los medios de comunicación social. Las operaciones en las que habría intervenido se refieren a la adjudicación de una parcela a la empresa UFC, la adjudicación de la construcción de la ciudad del deporte a CONSTRUCTORA HISPÁNICA así como la adjudicación de unos locales a una empresa administrada por José Ramón BLANCO BALÍN denominada RÚSTICAS MBS."

El ex alcalde y ex presidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, González Panero, ya se presentó ante el tribunal el pasado día 9, rehusando su derecho a declarar. El juez impuso una fianza de 1,8 millones de euros.