El TSJM ordena la ejecución de la sentencia que anula las subidas de sueldos municipales

En una reciente resolución, notificada al Ayuntamiento de Boadilla y de la que da cuenta el grupo municipal APB, el TSJM ordena la ejecución de la sentencia dictada tras la denuncia del mismo Grupo Municipal contra un acuerdo de Pleno del año 2008, que subió las retribuciones de todo el personal del Ayuntamiento, especialmente a los cargos de confianza política del Partido Popular

En una reciente resolución, notificada al Ayuntamiento de Boadilla y de la que da cuenta el grupo municipal APB, el TSJM ordena la ejecución de la sentencia dictada tras la denuncia del mismo Grupo Municipal contra un acuerdo de Pleno del año 2008, que subió las retribuciones de todo el personal del Ayuntamiento, especialmente a los cargos de confianza política del Partido Popular, "acuerdo cuya legalidad ha estado defendiendo en los Tribunales el actual Gobierno Municipal de Antonio González Terol", remarcan los independientes.

La resolución viene a ordenar al Ayuntamiento de Boadilla que ejecute la sentencia de fecha 18-12-2017, que dictaron 5 magistrados de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, el más Alto Tribunal madrileño que confirmó la ilegalidad de subidas salariales que aprobó el Gobierno de González Panero, vulnerando la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2008.

Los Concejales de APB han criticado la actitud del actual Alcalde, Antonio González Terol: “Personas de confianza de Panero cobraron subidas de hasta un 23% de sueldo y continúan hoy en nuestro Ayuntamiento siendo personas de confianza de González Terol. Esperamos que les haga cumplir lo que los Jueces han decidido con carácter firme” declara Angel Galindo, Concejal Portavoz de Alternativa por Boadilla.

Las subidas ilegales fueron advertidas en un escrito reclamación que presentó el Grupo Municipal APB antes del acuerdo de Pleno, "escrito del que el PP de Panero se mofó y que la Secretaria General y la Intervención Municipal también rechazaron", recalcan.

Las devoluciones que deben hacer los cargos de confianza del PP superan en algunos casos los 40.000 euros.