EQUO Boadilla convoca una concentración para protestar contra la “Ley Mordaza”

EQUO, la formación política recientemente presentada en Boadilla y perteneciente al Partido Verde Europeo, ha convocado una concentración el próximo domingo 15 de diciembre, a las 12.30 h. en la Plaza de la Cruz, para protestar contra el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, bajo el lema “Que no nos quiten la voz. NO A LA LEY MORDAZA”. Diversos miembros de EQUO presentes en la concentración –entre los cuales podría estar la coportavoz de EQUO Madrid, Inés Sabanés- llevarán cubierto el rostro con una careta blanca y una mordaza simbólica.

EQUO, la formación política recientemente presentada en Boadilla y perteneciente al Partido Verde Europeo, ha convocado una concentración el próximo domingo 15 de diciembre, a las 12.30 h. en la Plaza de la Cruz, para protestar contra el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, bajo el lema “Que no nos quiten la voz. NO A LA LEY MORDAZA”.



Diversos miembros de EQUO presentes en la concentración –entre los cuales podría estar la coportavoz de EQUO Madrid, Inés Sabanés- llevarán cubierto el rostro con una careta blanca y una mordaza simbólica.



Como Sabanés afirma, “con la aprobación en el Consejo de Ministros el pasado 29 de noviembre del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, el gobierno del Partido Popular está llevando a cabo un ataque frontal a principios democráticos y a derechos fundamentales de la ciudadanía, en un burdo intento de criminalizar la discrepancia y la movilización social”.



Recuerda EQUO Boadilla que dicho anteproyecto ha sido cuestionado incluso por el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, quien ha manifestado su "seria preocupación" por el impacto que la nueva ley podría tener en los derechos fundamentales de los españoles.



EQUO denuncia que “el Gobierno no se conforma sólo con recortar derechos sociales fundamentales sino que, además, pretende silenciar a la ciudadanía e intentar que no se escuche su voz ante estos ataques, tomando medidas para intimidar el activismo. El establecimiento de multas desorbitadas por obstruir un desahucio o manifestarse frente a la sede de un partido político, la facultad del Ministerio del Interior para imponer sanciones sin necesidad de aportar pruebas, sin garantías legales y sin juicio, la tipificación de nuevas faltas o poner en marcha un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana en el que se fichará a personas que hayan sido “desobedientes”, son algunas de las peligrosas medidas que trae consigo el anteproyecto”.