IU-Boadilla celebra la desestimación del recurso contra la sentencia por acoso a Ana Garrido Ramos

Como ya hiciera tras conocer la primera sentencia, IU-Boadilla vuelve a pedir la dimisión al concejal Adolfo Arias y del alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, como responsable último de lo que sucede con su equipo de Gobierno.  A juicio de IU, sería inadmisible mantener en un cargo público a una persona condenada en firme por acoso laboral. Además, esta noticia evidencia que jamás existió regeneración en el Ayuntamiento de Boadilla.

La asamblea de IU-Boadilla del Monte  ha recibido con satisfacción la desestimación del recurso presentado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM), sobre la sentencia condenatoria que consideraba probado el acoso a la funcionaria Ana Garrido Ramos por miembros del equipo de Gobierno del consistorio. Esta noticia implica que ya existe una sentencia en firme sobre el acoso a Ana Garrido en Boadilla, que será de obligada ejecución. Los tres jueces del TSJM fallaron por unanimidad en este caso. Entre los hechos probados, destacan numerosas frases del concejal del área de Juventud, Deportes, Sanidad y Empleo, Adolfo Arias Javaloyes, que ilustran el acoso al que se sometió a Ana Garrido. 

Como ya hiciera tras conocer la primera sentencia, IU-Boadilla vuelve a pedir la dimisión al concejal Adolfo Arias y al alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, como responsable último de lo que sucede con su equipo de Gobierno. A juicio de IU, sería inadmisible mantener en un cargo público a una persona condenada en firme por acoso laboral. Además, esta noticia evidencia que jamás existió regeneración en el Ayuntamiento de Boadilla ni en el PP local, y que la Justicia sigue condenando a este consistorio por hechos relacionados con el caso Gürtel. 

Por último, desde IU-Boadilla se lamenta que los vecinos de la localidad tengan que pagar la defensa del Ayuntamiento en el caso de Ana Garrido y, tal y como denunció recientemente el diputado Gaspar Llamazares en el Congreso, que “se contraten servicios jurídicos externos cuando los propios de la institución podrían perfectamente asumirlos”. Se da la circunstancia de que dichos servicios jurídicos son los del bufete Sagardoy, “autor, entre otras cosas, de la reforma laboral del PP de Rajoy, y su vicepresidente Iván Gayarre, ahora contratado por el Ayuntamiento de Boadilla, defensor del mismo partido frente a Luis Bárcenas en su demanda por despido improcedente”, recuerda Llamazares.