La Fiscalía Anticorrupción pide que se investigue el Summercase de Boadilla

El juez del caso Gürtel, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha iniciado una investigación acerca del festival Summercase celebrado en Boadilla del Monte, ante la sospecha de cobros de comisiones. La investigación trata de aclarar si la iniciativa de organizar el macrofestival, partió de la empresa Free Handicap, que, junto con altos cargos del Ayuntamiento de Boadilla, se encargaron de buscar promotora para llevarlo a cabo.

El juez del caso Gürtel, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha iniciado una investigación acerca del festival Summercase celebrado en Boadilla del Monte.

Polémico desde sus inicios por su ubicación en zona residencial, el Summercase reunión entre 2006 y 2008 a más de 150.000 personas en torno a macroconciertos de grupos independientes de primer orden. Ya en su día, la oposición denunció que no tenían constancia de que los organizadores hubieran abonado las tasas municipales por la utilización de suelo público. En total, cerca de 400.000 euros, que el Consistorio, regido entonces por Arturo González Panero, no cobró.

Según informa El País, el juez Ruz solicita ahora al Ayuntamiento de Boadilla la documentación acerca de la organización del evento, ante la sospecha de cobros de comisiones. Un exfuncionario así lo declaró ante el anterior instructor del caso Gurtel.

Entre la promotora que organizó el festival, Sinnamon, y el Ayuntamiento de Boadilla, se encontraba la empresa Free Handicap, dirigida por Elena Sánchez, entonces esposa de Juan Costa, el que fuera ministro del PP. La investigación trata de aclarar si la iniciativa de organizar el macrofestival, partió de la empresa de Sánchez, que, junto con altos cargos del Ayuntamiento de Boadilla, se encargaron de buscar promotora para llevarlo a cabo. Según los acuerdos entre las empresas, Free Handicap, como agente, recibía el 20% de la cuantía abonada por los patrocinadores. Fuentes judiciales consultadas por el diario El País, apuntan que este método podría haber constituido una tapadera para el cobro de comisiones.

Los investigadores dirimirán si la información aportada por el exfuncionario es verídica y, en todo caso, si constituye algún tipo de delito. Por el momento, la investigación está limitada a la edición madrileña del Summercase.