Política
Podemos y EQUO presentan alegaciones al PGOU de Boadilla
A juicio de las dos agrupaciones, el nuevo PGOU arroja una falta de previsión respecto a servicios y dotaciones sociales, "unida a la propuesta de aumento del techo poblacional, exacerbará las carencias que ya sufre la ciudad, especialmente en los campos de movilidad, educación y sanidad".
Las agrupaciones de Podemos Boadilla y EQUO han presentado conjuntamente sus alegaciones al “Documento de Avance y Documento Inicial Estratégico del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte”. Un documento sobre el que consideran que, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte no ha facilitado "de ninguna manera" la participación de vecinos y vecinas en el desarrollo del PGOU: "No ha creado ni proporcionado puntos informativos, simplemente se ha limitado a respetar los mínimos legales de información pública ofreciendo a la gente un documento extensísimo, complejo, con muy poco tiempo para su análisis y debate en profundidad".
Por otro lado, para Podemos y EQUP, el PGOU contiene "datos desfasados": "Es llamativa la ausencia de estudios fundamentales para el futuro desarrollo del municipio (por ejemplo: movilidad, contaminación acústica y calidad del aire)", argumentan.
A juicio de las dos agrupaciones, el nuevo PGOU arroja una falta de previsión respecto a servicios y dotaciones sociales, "unida a la propuesta de aumento del techo poblacional, exacerbará las carencias que ya sufre la ciudad, especialmente en los campos de movilidad, educación y sanidad. El actual problema de atascos apenas recibe atención y no se contempla el impacto del aumento de población. Tampoco se recoge la necesaria adaptación de la recogida de residuos a la normativa europea para 2020. En conjunto, el nuevo PGOU supone una pérdida de calidad de vida y una mayor huella ecológica".
Por ello, PODEMOS y EQUO apuestan por una mayor participación, realizar los estudios pertinentes para que los planes se ajusten a la realidad, corregir los desequilibrios en educación y sanidad que competen al Ayuntamiento, cumplir con la normativa europea, eliminar el aumento en el número de viviendas no comprometidas mientras no sea posible garantizar su sostenibilidad y adecuar la vivienda pública a las necesidades sociales con especial atención a jóvenes y personas con riesgo de exclusión o necesidades especiales.
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