PSOE: "Arturo González Panero se enfrenta a un nuevo juicio acusado de un presunto delito de prevaricación".

Los hechos se remontan al año 2001, concretamente, el 15 de octubre de 2001 con el fin de cubrir una pretendida urgencia en el puesto de conserje de la Escuela Municipal de Música dependiente del Patronato de Cultura, el gerente interesó al INEM a Raúl de Diego para la cobertura del citado puesto alegando que reunía los requisitos necesarios para ello. Raúl de Diego se da de alta en el INEM ese mismo día.

Arturo González Panero se enfrenta a un nuevo juicio acusado de un presunto delito de prevaricación.

La citación se produce como consecuencia de la denuncia del Grupo Municipal Socialista en Junio del año 2002 y sentará en el banquillo al ex alcalde de Boadilla.

Los hechos se remontan al año 2001, concretamente, el 15 de octubre de 2001 con el fin de cubrir una pretendida urgencia en el puesto de conserje de la Escuela Municipal de Música dependiente del Patronato de Cultura, el gerente interesó al INEM a Raúl de Diego para la cobertura del citado puesto alegando que reunía los requisitos necesarios para ello. Raúl de Diego se da de alta en el INEM ese mismo día.

15 días después se produce una modificación en la afiliación a la seguridad social pasando a figurar como funcionario interino al servicio de dicho organismo. Arturo González Panero en su condición de alcalde, mediante decreto, nombra a Raúl de Diego conserje interino.

El 28 de enero del 2002, el secretario del Ayuntamiento hizo una advertencia de la ilegalidad sobre el citado nombramiento. En Junio del año 2002 el Grupo Municipal Socialista presenta la denuncia en el juzgado de primera instancia nº4 de Móstoles.

Los acusados mediante esta forma de actuar vulneraron de modo flagrante la normativa vigente en materia de selección de personal al servicio de las Administraciones locales. Dicho nombramiento no fue precedido de la pertinente convocatoria pública y después de su nombramiento no se aprobó oferta de empleo público del ayuntamiento o del patronato en la que se incluyera el puesto de trabajo de conserje.

Los hechos descritos constituyen un delito de prevaricación por lo que la fiscalía pide para los acusados 2 años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa consistente en una cuota de 12 euros diarios durante 8 meses. El grupo socialista solicita en su acusación siete años de inhabilitación y multa de 20 euros diarios durante ocho meses.

Esta forma de actuar pone de manifiesto el carácter autoritario y déspota con el que actuaba el anterior alcalde, gestionaba el ayuntamiento generando tupidas redes clientelares dentro del consistorio. Hay familias enteras afiliadas al partido popular trabajando en el ayuntamiento.

“Este caso es un buen ejemplo de como el gobierno del PP consideraba el Ayuntamiento una entidad de su exclusiva propiedad. Un lugar para colocar impunemente a amigos y simpatizantes, donde las virtudes de mérito y capacidad nada valían frente a la sumisión y la docilidad ante las imposiciones del ex alcalde”. Ha declarado Pablo Nieto, portavoz socialista.