Unión, Progreso y Democracia (UPYD) manifiesta su opinión sobre la privatización del Canal de Isabel II

"No estamos condicionados en absoluto por cuestiones de carácter ideológico de ninguna especie sobre lo público o lo privado. Somos conscientes de que existen ejemplos de buena y de mala gestión tanto en un caso como en otro. Aunque en general lo más aconsejable es que la gestión sea pública, lo cual por otro lado parece lógico tratándose de una cuestión esencial para los ciudadanos como es el agua". "No podemos compartir que algo que funciona bien, que obtiene beneficios y que cumple adecuadamente una importantísima función esencial para los ciudadanos, se utilice para otros fines poniendo en riesgo el actual servicio o, cuando menos, introduciendo incertidumbres innecesarias"

Las razones oficiales para la privatización del Canal de Isabel II se han limitado a lo siguiente: la necesidad de buscar recursos (4.000 millones de euros) para financiar las nuevas infraestructuras necesarias debido a:

a) la construcción de 2 embalses para garantizar el abastecimiento futuro de Madrid, uno en el sur, en el término municipal de Colmenar de la Oreja y otro en la Sierra Norte, en el río de la Puebla, en el término municipal de Puebla de la Sierra, con un coste total de 1.000 millones de euros;

b) las nuevas instalaciones que hay que realizar para la aplicación de la Directiva Marco del Agua, especialmente para la eliminación de nutrientes (nitrógeno y fósforo) en las aguas residuales, con un coste de 2.270 millones.

Nuestra posición y argumentos:

1.- No estamos condicionados en absoluto por cuestiones de carácter ideológico de ninguna especie sobre lo público o lo privado. Somos conscientes de que existen ejemplos de buena y de mala gestión tanto en un caso como en otro. Aunque también es cierto que lo que observamos viendo experiencias recientes en otras ciudades que han pasado por diferentes modelos de gestión del agua es que en general lo más aconsejable es que la gestión sea pública, lo cual por otro lado parece lógico tratándose de una cuestión esencial para los ciudadanos como es el agua.

2.- Aunque nos encontramos ante decisiones adoptadas en la legislatura anterior entendemos que su ejecución depende por completo del actual gobierno puesto que lo aprobado mediante la Ley 3/2008 de 29 de diciembre no obliga, sino que simplemente habilita para proceder a la privatización.

3.- Lo que verdaderamente debe contar cuando se plantea un cambio de esta envergadura son las razones concretas en que se basa dicha propuesta porque el objetivo no puede ser otro que el de realizar el servicio en las mejores condiciones y con el máximo de garantías posibles de mantener la calidad también en el futuro.

4.- Es por esto que no estamos de acuerdo con la política que se está realizando porque faltan argumentos que la avalen y, sin embargo, sí que existen argumentos contrarios.

5.- Las razones que se han dado para privatizar (necesidad de financiación para desarrollar nuevas infraestructuras) tienen un sentido, pero también tienen clara alternativa sin necesidad de privatizar.

6.- Nos preocupa la instrumentalización de algo básico y realmente importante para los ciudadanos para otros fines diferentes que su propia utilidad real.

7- Entendemos que se está haciendo ingeniería política para obtener financiación mediante mecanismos que a la postre pueden suponer una pérdida para los ciudadanos.

8.- Falta claridad y transparencia, lo cual da pie a considerar que existen otras motivaciones que no se explican, como podrían ser:

- La puesta en práctica de una ideología que por sistema privatiza lo público independientemente de las razones y de las consecuencias que esto conlleve.

- La existencia de intereses empresariales con capacidad de presión suficiente interesados en obtener cuota de negocio en el sector del agua, donde por ser un monopolio natural, no existe competencia ni riesgo, pero sí altas tasas de ganancias y liquidez inmediata.

- La existencia de intereses ocultos sobre el Canal de Isabel II, por representar el 10% del negocio del agua en España, disponer de un importantísimo patrimonio y de un grupo empresarial con implantación internacional.

9.- En definitiva, no podemos compartir que algo que funciona bien, que obtiene beneficios y que cumple adecuadamente una importantísima función esencial para los ciudadanos, se utilice para otros fines poniendo en riesgo el actual servicio o, cuando menos, introduciendo incertidumbres innecesarias.