Política
UPyD solicita ajustar el vallado a la licencia concedida en la finca Monte Romanillos
22 de Mayo de 2013. 13:06
- Nota de Prensa UPyD Boadilla
El Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) va a presentar al Pleno Municipal del mes de Mayo de 2013, una Moción solicitando dar cumplimiento a la Orden de Ejecución existente para ajustar el vallado que rodea la finca del Monte Romanillos a la licencia concedida previamente por el Ayuntamiento.
El Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) va a presentar al Pleno Municipal del mes de Mayo de 2013, una Moción solicitando dar cumplimiento a la Orden de Ejecución existente para ajustar el vallado que rodea la finca del Monte Romanillos a la licencia concedida previamente por el Ayuntamiento.
El pasado doce de septiembre el Ayuntamiento concedió licencia para el vallado de la Finca Romanillos. Sin embargo la Propiedad de la finca, a través de la empresa Romanillos SA, ha emprendido diversas acciones incumpliendo las condiciones reflejadas en la licencia mencionada: aumento de la longitud de la valla, apropiación de terreno municipal y cerramiento de diversos caminos públicos y corte del Cordel Segoviano en su linde con el término de Majadahonda.
Antes esas acciones se ha incoado expediente disciplinario contra los propietarios y con fecha 5 de abril, se ha dictado “Orden de Ejecución para ajustar el vallado a la licencia concedida” en la que se la concede a la propiedad un plazo de 15 días para su resolución.
Contra esta Orden la Propiedad interpuso, con fecha 26 de abril, Recurso de Reposición que se encuentra pendiente de contestación por parte del Ayuntamiento y que este deberá hacer en plazo y forma.
La ejecución de dicha Orden es de ámbito administrativo y de la exclusiva potestad del Ayuntamiento, no dependiendo de otras instancias, por lo que se nos ocurre la mejor y más rápida solución para revertir la actual situación.
Para Gudelio Oliver, portavoz de la formación magenta: “pedir su ejecución sin más dilación, respetando los plazos legales y ajustando las acciones a la legalidad vigente, permitirá ajustar, de oficio y en un corto espacio de tiempo, las condiciones de vallado a las autorizadas por la licencia y la consecuente, entre otras, apertura de los caminos.
De esta manera se estará dando la vuelta a la situación actual y forzando a la Propiedad a emprender acciones legales que demuestren la posible titularidad de esos caminos públicos que ahora discute y que ha cortado de forma unilateral.
El pasado doce de septiembre el Ayuntamiento concedió licencia para el vallado de la Finca Romanillos. Sin embargo la Propiedad de la finca, a través de la empresa Romanillos SA, ha emprendido diversas acciones incumpliendo las condiciones reflejadas en la licencia mencionada: aumento de la longitud de la valla, apropiación de terreno municipal y cerramiento de diversos caminos públicos y corte del Cordel Segoviano en su linde con el término de Majadahonda.
Antes esas acciones se ha incoado expediente disciplinario contra los propietarios y con fecha 5 de abril, se ha dictado “Orden de Ejecución para ajustar el vallado a la licencia concedida” en la que se la concede a la propiedad un plazo de 15 días para su resolución.
Contra esta Orden la Propiedad interpuso, con fecha 26 de abril, Recurso de Reposición que se encuentra pendiente de contestación por parte del Ayuntamiento y que este deberá hacer en plazo y forma.
La ejecución de dicha Orden es de ámbito administrativo y de la exclusiva potestad del Ayuntamiento, no dependiendo de otras instancias, por lo que se nos ocurre la mejor y más rápida solución para revertir la actual situación.
Para Gudelio Oliver, portavoz de la formación magenta: “pedir su ejecución sin más dilación, respetando los plazos legales y ajustando las acciones a la legalidad vigente, permitirá ajustar, de oficio y en un corto espacio de tiempo, las condiciones de vallado a las autorizadas por la licencia y la consecuente, entre otras, apertura de los caminos.
De esta manera se estará dando la vuelta a la situación actual y forzando a la Propiedad a emprender acciones legales que demuestren la posible titularidad de esos caminos públicos que ahora discute y que ha cortado de forma unilateral.
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